jueves 18.7.2019
Ambito BIZ
Por E. Cornejo Costas y O. Canorio.-
jueves 15 de Noviembre de 2018

Integridad en las empresas: de alternativa a necesidad

Por Emilio Cornejo Costas (*) y Oscar Canorio.- 

Por sobre la sanción y entrada en vigencia de la ley 27.401 que castiga penalmente a las empresas por delitos de corrupción, el renombrado caso de los "Cuadernos" ha marcado un punto de inflexión en cuestión de integridad. Y de éste modo el compliance en las empresas dejó de ser una alternativa para pasar a ser una necesidad y hasta una obligación.

En efecto, contrariamente a lo que se presumía originariamente, y a pesar de su intento, no fue el Estado el mayor impulsor de la adopción de normas de integridad por parte de las empresas, tampoco el miedo a ser perseguidos y sancionados penalmente, pues más que nada, es la interacción entre los propios terceros (bancos, socios, proveedores, clientes, etc) lo que las está obligando a muchas empresas de envergadura a contar con un Programa de Integridad en los términos de la ley mencionada.

La mencionada investigación penal ha puesto de relieve que la corrupción ya no sólo afecta a accionistas y/o ejecutivos, sino que repercute fuertemente también en la reputación y en los negocios de las empresas; tanto para con el Estado como entre los propios particulares. Y cuando la operatoria de la empresa entra en crisis y su reputación es puesta en duda, comienza a comprometerse también su capacidad de pago, así como también la de generar nuevos negocios.

Precisamente, esto último parece estar preocupando a las entidades financieras -locales y extranjeras- en forma creciente. Y en ese orden, así como la capacidad crediticia es un requisito imprescindible, la implementación de políticas de transparencia y de anticorrupción se ha convertido en un requisito adicional para evaluar la capacidad de pago de una empresa.

Es importante detenerse en este punto, porque no solamente se trata de una cuestión económica, pues la debida diligencia de terceros, como componente fundamental de un buen programa de integridad, dejó de ser una opción.

Concretamente, nos referimos a los formularios que están recibiendo las grandes empresas mediante el cual se les requiere, en forma de Declaración Jurada, que informen e indiquen cuales son los elementos que componen su Programa de Integridad. Más aún, lo están solicitando con un aval expreso de un Informe de un Auditor Externo de reconocido prestigio.

Las empresas que vienen transitando ese camino de integridad y transparencia desde antes de la sanción de la ley 27401 no tendrán mayores inconvenientes. Por el contrario, aquellas empresas que no se hayan tomado con seriedad el asunto, deberán adaptarse rápidamente o podrán verse afectadas y obstaculizada, no sólo en su capacidad o en su relación con los bancos, sino también en su interacción con los terceros, nacionales e internacionales -socios, proveedores, clientes, etc-, hasta tanto no demuestre un verdadero Programa de Compliance.

Tal adaptación podrá implicar la incorporación de una estructura nueva que tenga a su cargo el control interno y la validación de los programas anticorrupción o, esa estructura, podrá tercerizarse. Pero necesariamente deberán contar con un mensaje fuerte de la Alta Dirección de la Persona Jurídica que promueva y respalde principios de ética, integridad y transparencia, poseer una Política Anticorrupción y un Programa de Integridad acorde a su dimensión y capacidad económica.

(*) Asociado a cargo del Departamento de Derecho Penal Económico del Estudio Lisicki, Litvin y asociados.

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