lunes 17.6.2019
Economía
Por Federico Bernal, director de OETEC.-
viernes 23 de Noviembre de 2018

La estafa del gas y el nuevo impuesto ciudadano a la devaluación

Una de las empresas beneficiadas con el Decreto 1053 de Macri celebró el retorno de 166 millones de euros. Cómo fue el plan para estatizar deudas privadas y el rol del FMI. ¿Y el riesgo empresario?

Por Federico Bernal, director de Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).-

En noviembre de 2017, las productoras y las nueve distribuidoras suscribieron un acuerdo -en presencia de Juan José Aranguren y de autoridades del ENARGAS-, en el que fijaron precios del gas en dólares para un abastecimiento del 50% del gas requerido entre abril de 2018 y octubre de 2019.

Las petroleras, además, definieron precios unificados por Cuenca, en la moneda estadounidense. Y, por último, se asignaron entre sí cuotas de mercado y dejaron en la nebulosa los precios de compra del gas para los picos de la demanda. A esta práctica se la conoce en todo el mundo con los nombres de "cartelización" y "abuso de posición dominante".

El ente regulador supuestamente creado para velar por la seguridad jurídica de los usuarios avaló todo, a sabiendas que la vigencia de la Ley de Emergencia Económica estaba perimida, lo cual debería obligar a los distintos actores del sector a pactar libremente los precios (en pesos) para cada uno de los contratos a ser celebrados.

Pero entonces asumió el FMI la conducción del país. La mega-devaluación autorizada por este organismo hizo añicos los acuerdos de Aranguren y su tablita de incrementos sostenidos hasta finales de 2019. La fiesta de la cartelización y el abuso de posición dominante entre productoras y distribuidoras, con aval de las actuales autoridades del ENARGAS (resoluciones 300 a 310), cerró sus puertas de golpe y los echó a todos a la calle. Pero el daño estaba hecho: entre abril y septiembre de 2018 las distribuidoras pagaron el gas a 20,345 pesos por dólar. Es decir, la mega devaluación no se tuvo en cuenta en la facturación a los usuarios. Septiembre arrancó con una deuda monstruosa con las productoras.

¿Cómo resolver el problema? Simple. Como las corporaciones han resuelto históricamente su propio endeudamiento: a través de la socialización, esto es, su traslado a la ciudadanía; o bien, al Estado nacional (estatización de la deuda), que es lo mismo. La titular del FMI, Christine Lagarde, ordenó al ministro de Energía actual Javier Iguacel avanzar con la primera alternativa, para no cargar el erario público y reservarlo al financiamiento del blindaje. Nacieron las 24 cuotas. El país desmantelado y usuarios con tarifas impagables desde hace más de un año se rebelaron. Lagarde ordenó entonces ir por la segunda alternativa, pero con algunos aditamentos que pasamos a describir:

1) Nada de resoluciones de la Secretaría de Energía, sino DNU con estampa presidencial. Nació así el Decreto 1.053.

2) Extender el período de la deuda por el descalce de monedas desde el original abril-septiembre de 2018 a abril-abril de 2019, de tal forma de proteger aún más a las distribuidoras tanto de la devaluación ocurrida, así como por ocurrir.

3) Cancelar la deuda en 30 cuotas, en lugar de 24, redistribuyendo su costo desde los usuarios del gas de red a la ciudadanía en su conjunto, esto es, el Estado nacional.

4) De igual forma que habrá de suceder con el endeudamiento macrista y el blindaje del FMI, trasladar al próximo gobierno la cancelación de la deuda de las distribuidoras.

5) Convalidar la dolarización del precio del gas en las tarifas.


En suma, las variaciones en el tipo de cambio registradas durante los períodos estacionales (abril-octubre y octubre-abril) las distribuidoras las cargarán a cuenta del Estado nacional como consecuencia de precios del gas dolarizados en la tarifa. En otros y pocos términos, el pueblo argentino será gravado con un nuevo impuesto, un impuesto a la devaluación. Pero acá no termina el saqueo, porque siempre habremos de comenzar pagando los nuevos cuadros tarifarios con el precio del gas de acuerdo a la cotización del peso vigente.

Finalmente, la frutilla del postre: como el nuevo período de compensación se extiende a abril de 2019, agregándose siete meses más al original, el monto de la deuda no se sabrá hasta el año entrante. No obstante, podemos darnos una idea de su magnitud. En efecto, el 20 de noviembre, la distribuidora Gas Ban (Naturgy), segunda en cantidad de usuarios totales, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (España) el impacto positivo del DNU presidencial sobre sus estados financieros.



Sintetizamos: Gas Ban trasladó al Estado nacional -al pueblo argentino- una deuda equivalente a 116 millones de euros. Gas Ban, la misma que ganó en dos años y medio de gestión macrista 1.380 millones de pesos.

La distribuidora cerró así su comunicado: "[Gracias al decreto de Macri] los distribuidores de gas en Argentina, como la sociedad perteneciente a Naturgy, ven solucionado el problema que había provocado el reciente incremento del coste de suministro de gas derivado de la devaluación de la divisa en el país.

Naturgy recibe favorablemente la decisión tomada por el gobierno Argentino, que refuerza la estabilidad y credibilidad del País frente a la comunidad internacional de inversores". Sin dudas, merecido reconocimiento al "mejor equipo de los últimos 50 años". ¿O alguien creyó que el Presidente se equivocó al formular aquella máxima?

Las distribuidoras y productoras aceptaron dolarizar el precio del gas en los cuadros tarifarios, no solamente un hecho inédito desde la Convertibilidad, sino que además lo hicieron bajo un esquema de tipo de cambio flexible, con el agravante de estar funcionando la economía en línea con las mismas políticas que nos condujeron a la debacle de 2001. ¿Y el riesgo empresario?

La administración Macri es la responsable de la mega-devaluación; y las empresas de haber aceptado la dolarización del precio del gas en las tarifas. Sin embargo, pagará la deuda privada el Estado nacional con el nuevo impuesto ciudadano a la devaluación, preservando sea a partir de los recursos correspondientes al próximo gobierno y durante un plazo de tres años.

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